La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) parece no enterarse de los acuerdos a los que llega con otras áreas del gobierno, y sus omisiones son cada vez más graves. El último episodio de estas “distracciones” ocurrió ayer, cuando el delegado de la dependencia en Oaxaca, Esteban Ortiz Rodea, aseguró en una entrevista con el diario El Imparcial, de ese mismo estado, que no hay ninguna intención de construir un campo de golf en las inmediaciones del Parque Nacional Huatulco.

Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con quien la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de Semarnat anunció un intercambio de tierras, sostiene en su página de internet que sí se planea construir un campo de golf “en las bahías de Cacaluta, Órgano y Maguey”, parte de las cuales será cedida en los próximos meses.

Los planes de Fonatur para la zona de Cacaluta, Huatulco, que adquirirá son comercializar esos terrenos “a través de megalotes con servicios, con el fin de atraer a prestigiadas cadenas hoteleras e inmobliarias para el desarrollo de villas y condominios, un campo de golf, una casa club, hoteles boutique, hoteles 5 estrellas, clubes de playa y comercios“.

Fonatur llega a estas alturas con dos grandes armas a su favor. Primero, que los terrenos (en concreto Punta Maguey, la doble península que sobresale en la costa de Huatulco) le serán cedidos en intercambio con Conanp, que a su vez ganará terrenos en la parte baja de la cuenca del río Cacaluta.

La otra, que la nueva Ley General del Turismo (la Ley Fonatur, que aprobaron diputados y senadores de todos los partidos, y que sólo está pendiente de que el Ejecutivo federal la publique en el Diario Oficial de la Federación) faculta a Fonatur para obrar con manga ancha en las áreas bajo su dominio. Por ejemplo, no está obligada a consultar con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los desarrollos que lleve a cabo en áreas ecológicamente sensibles, como Huatulco, aunque sí debe consultar a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Con la cesión y con la ley, Fonatur puede hacer lo que quiera y seguir devastando el medio ambiente. Con omisiones como ésta, Semarnat puede seguir jugando al ecologismo, sin lograr absolutamente nada, pero quedando bien parada ante la comunidad internacional.

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) busca la aprobación de varios cambios en la delimitación del parque nacional de Huatulco, en Oaxaca, lo que ha despertado polémicas entre la población, con algunos grupos ambientalistas e inclusive con el consejo asesor del parque. Miembros de este último órgano llegaron al extremo de calificar de “ecológicamente desastroso” el plan presentado.

Lo que Conanp tiene ya listo y solamente está pendiente de aprobación y de que se publique el decreto, es un intercambio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). O más bien, dos. Uno primero, que difícilmente despertará ninguna suspicacia, es la desincorporación de una parte del basurero a cielo abierto que hay en su parte occidental. A cambio, el parque nacional ganará algunas decenas de hectáreas de selva baja bien preservadas que colindan con el parque.

El problema, sin embargo, está en el segundo intercambio, en la desincorporación de Punta Maguey, parte de la bahía del mismo nombre y parte de la bahía de Cacaluta. A cambio, se incorporará al polígono protegido una porción importante de la parte baja de la cuenca del río Cacaluta.

En esas zonas, Fonatur pretende construir un campo de golf, hoteles de cinco estrellas y villas dispersas. La inversión total que se planea es de 574 millones de pesos. Uno de los temores de los ambientalistas es que se da un giro de 180 grados a la protección de la zona de Punta Maguey. Si antes estaba catalogada como de “uso restringido 1“, lo que permite ciertas actividades de bajo impacto ambiental, ahora lo que se haga ahí será de muy alto impacto ambiental.

Hay además otros aspectos del proyecto que han levantado más de una ceja. Por un lado, la punta sirve de escudo para el humedal de la desembocadura del río Cacaluta, por lo que si no se cuida se pueden dañar las estructuras de coral que hay frente al parque nacional. Por el otro, en Punta Maguey habitan varias especies protegidas de plantas y animales que gozan de algunos estatus de protección.

Entre las plantas amenazadas están el zanate y el chilamate. Entre los animales, están el jaguarundi, un felino, y la serpiente coralillo. El proyecto que presentó Conanp argumenta que no se pone en peligro su preservación porque estas cuatro especies amenazadas están representadas ampliamente en el resto del Parque Nacional Huatulco. Algunos ambientalistas, sin embargo, se preguntan si Conanp no debería estar ampliando los espacios en los que se encuentran en vez de reducirlos.

La decisión de Conanp y su acuerdo con Fonatur puede ser además muy cuestionada después de la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República de la Ley Fonatur, que faculta al Fondo, que dirige Miguel Gómez Mont, hermano del secretario de Gobernaciíon, a establecer “zonas de turismo sustentable” que, irónicamente, no dan prioridad a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sino a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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Como si quisieran darle la razón a quienes piensan que la clase política no tiene remedio, que el mundo le queda muy lejos y que son incapaces de leer dos líneas seguidas, los diputados aprobaron la Ley General de Turismo, a la que Greenpeace y otras muchas organizaciones se habían opuesto a rajatabla. Los positores a la llamada Ley Fonatur denunciaron que no tenía una visión integral del turismo, sino que pretendía que éste se impusiera sobre el medio ambiente, sacrificándolo en lugar de aprovechándolo.

La ley que aprobaron los diputados -339 de ellos, con dos votos en contra y 8 abstenciones- faculta, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo a establecer “zonas de turismo sustentable”, que se sobrepondrán a las Áreas Naturales Protegidas, generando más conflictos de los que ya hay entre las autoridades ambientales y las turísticas, y poniendo un modelo de desarrollo que depreda el medio ambiente arriba y a la cabeza.

Otro de los problemas de la Ley Fonatur es que obliga, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo y a Fonatur a consultar a Profeco para proteger a los consumidores, pero no a consultar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o a la Procuraduría Agraria, para que protejan los ecosistemas y a los propietarios de las tierras en las que se emprendan proyectos.

En fin. Un desastre.

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La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado el dictamen de la Ley General de Turismo, una ley destinada a facilitar la depredación del medio ambiente y a exacerbar los conflictos que ya hay entre las autoridades ambientales y las dependencias turísticas.

Impulsada por el perredista Octavio Martínez Vargas, y como han dicho Greenpeace y otras organizaciones, la ley no está planteada desde una perspectiva integral, como un instrumento para que los gobiernos puedan generar desarrollo respetando el medio ambiente. Está planteada para dar carta blanca a Fonatur -esa agencia inmobiliaria financiada con nuestros impuestos- y a los hoteleros para que hagan lo que quieran y donde quieran, sin respetar nada.

Por ejemplo, ordena a la Secretaría de Turismo “instaurar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios”, pero no a trabajar con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y sólo a “coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente”.

La Ley General de Turismo, si se aprueba como Martínez Vargas quiere, generará también un conflicto grave entre dependencias federales y facilitará la destrucción de ecosistemas. Ordena establecer “ordenamientos turísticos del territorio”, que deben “considerar” los ordenamientos ecológicos territoriales, pero no someterse a ellos. Esto, si las autoridades ambientales hacen su trabajo, generará un conflicto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) porque, aunque los diputados no lo sepan, ya hay regulaciones territoriales previas.

Lo mismo ocurre con las “Zonas de Turismo Sustentable“. En el establecimiento de los ordenamientos turísticos se incluye a los gobiernos de estados y municipios, pero no a las autoridades ambientales. Se obliga a respetar el patrimonio artístico, pero no a respetar el ecológico.

En lugar de aprender la lección de los últimos años y buscar un turismo verdaderamente sustentable; en lugar de corregir los errores que han llevado a enfrentamientos entre Fonatur y Profepa como en Huatulco y Tulum, los diputados quieren llevar aún más lejos estas equivocaciones.

Por eso, ¡firma la carta de Greenpeace para evitar que se apruebe la Ley General de Turismo!

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