Con el lema “El mundo te necesita: ¡únete a la lucha contra el cambio climático!” arrancó hoy en Cozumel, Quintana Roo, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la ONU hace 37 años para difundir las discusiones en torno a la ecología y generar consciencia sobre el entorno. En esta ocasión, México lo recibe con señales y gestos mezclados, que van desde el fracaso de algunas políticas estelares del gobierno, hasta los avances en otras áreas.

Los amantes de la biodiversidad, por ejemplo, recibirán el día con gusto, pues en las sesiones previas a la conmemoración la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) firmó un convenio con el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) y la Fundación Slim un convenio de colaboración por más de mil millones de pesos para preservar la biodiversidad. Esos recursos se aplicarán en la protección y rescate de animales y plantas que viven en el golfo de California, el desierto de Chihuahua, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el Arrecife Mesoamericano, la Selva Lacandona y el Triunfo en Chiapas.

Los críticos de la política ambiental del gobierno, sin embargo, argumentan que esos recursos ayudarán, pero que sin un cambio en la forma de enfrentar los problemas servirán de poco. En el caso del golfo de California, por ejemplo, la vaquita marina sigue siendo una de las especies en mayor peligro de extinción, y Semarnat no ha logrado establecer un plan integral de trabajo que incluya a los pescadores para que redes y lanchas convivan en armonía con el mamífero marino.

En el caso de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca el caso es similar: aunque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha logrado sumar a la preservación de la zona a casi todos los ejidos del lugar, el problema de la deforestación es una constante. Faltan, entre otras cosas, recursos para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pueda combatir a los talamontes, protegidos por narcotraficantes que también participan en el negocio de la madera ilegal.

Mañana, por otra parte, gran parte de las mesas mirarán hacia otras áreas del ambientalismo, hacia las relacionadas con el cambio climático, tema central del encuentro junto al mar. Mientras en Bonn, Alemania, se dan los pasos previos a la conferencia sobre el tema en Copenhague, que deberá sentar un acuerdo que dé continuidad a los avances del protocolo de Kioto sobre reducción de emisiones de carbono, junto al Caribe se discutirán temas complementarios.

México, en concreto, impulsará mañana, como ha impulsado en todos los foros internacionales de un tiempo a esta parte, la idea de crear un “fondo verde” del que salgan financiamientos especiales para países del tercer mundo que hagan esfuerzos por preservar el medio ambiente. Con ello se financiaría el cuidado de los bosques o los proyectos de industrialización sustentable. Lo curioso es que para ser un país que ha impulsado “todos los proyectos correctos” en la arena internacional, México hace mal su tarea en el plano nacional.

Con el medio ambiente en el país ocurre algo similar a lo que denunció Amnistía Internacional sobre la posición de México ante los derechos humanos. Ante el mundo, es ejemplar, pero no hace al interior lo que predica. El gobierno del presidente Felipe Calderón ha repetido una y otra vez que su gobierno tiene un compromiso irrenunciable con el medio ambiente, y el secretario Elvira ha sido un participante con amplias contribuciones en la arena internacional. Al mismo tiempo el caso ProÁrbol desmiente las promesas.

Por un lado, es extraño que un gobierno tan comprometido con la defensa de la ecología no se haya ocupado de encontrar un sustituto a José Cibrián al frente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El organismo encargado de manejar y proteger los bosques del país lleva ya meses decapitado, y no hay fecha para que recupere la cabeza. Por otro lado, sorprende que ese mismo gobierno mantenga un programa como ProÁrbol, que ha sembrado 286 millones de árboles pero que no ha logrado mantener vivos, según reportes de varias ONG, más que el 7% de los mismos.

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El sábado pasado, en Trinidad y Tobago, el presidente Felipe Calderón presentó en la Cumbre de las Américas su propuesta de seguridad energética para el continente. Aunque tiene algunas cosas buenas, tiene un componente que la ensombrece bastante. Lo bueno, la apuesta por interconectar todas las redes eléctricas del continente. Lo malo, que Calderón todavía no entiende que los biocombustibles no son ecológicos.

La propuesta del presidente de interconectar todas las redes eléctricas puede traer muy buenos resultados. La transferencia de excedentes -como pasa con Paraguay y sus vecinos, el sur de Estados Unidos y el norte de México, o el sur de México y Belice y, próximamente, Guatemala-, generaría un uso más eficiente de la energía y a la larga, quizá, menores emisiones de CO2. Si al marco legal se le agregan incentivos para aprovechar fuentes limpias de energía, el continente podría aprovechar un potencial enorme que desperdicia: es rico en ríos, volcanes y viento, que no se usan en la proporción que deberían.

A pesar de eso, el “potencial” del continente que Calderón decidió destacar fue el de producir biocombustibles. Al presidente -igual que al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, ahora y cuando fue titular de Medio Ambiente, cuando aprobó la Ley Monsanto- se le olvida que un producto no nomás repercute cuando se usa, sino también cuando se produce.

Impulsar la producción de biocombustibles en la región no sería bueno bajo ninguna óptica, entre otras cosas porque hacerlo incentivaría los monocultivos, que generalmente son de trasngénicos, que dañan la biodiversidad, salinizan el agua, desecan la tierra y no son productivos de verdad más que cuando están en manos de grandes terratenientes que pueden pagar los insumos.

Lo que hay que hacer es apostar por otro tipo de energías, mirar hacia delante y ser audaces.

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Desde el sábado pasado, dos mil personas están reunidas en Bonn, Alemania, en una conferencia sobre cambio climático que precederá a la cumbre de Copenhague de diciembre de este año. Representan a gobiernos, ONG ambientalistas, industriales y académicos, que deberán llegar a algo parecido a un acuerdo sobre cómo frenar el calentamiento global antes de que termine 2009, cuando deberán firmarlo en Dinamarca.

La urgencia viene de que el Protocolo de Kioto termina en 2012, y deben establecer un marco legal sobre los derechos y obligaciones que cada país, región e industria tendrá después de ese año. También tienen que pensar qué hacer de aquí a que Kioto caduque. El reto es grande, porque han pasado ya cinco años desde que el Protocolo de Kioto entró en vigor, y el panorama está lejos de ser alentador.

Según la ONU, algunas mesas en la cumbre de Bonn revisarán la situación actual, buscarán mejorar algunos de los mecanismos ya establecidos (como los mercados de carbono y los mecanismos basados en proyectos), y qué otras cosas se pueden hacer bajo el marco del protocolo de Kioto.

Otras, se centrarán en el futuro. Seguirán la agenda acordada en Bali en 2007, en donde se estableció un primer borrador del nuevo tratado sobre cambio climático. Se planteó, por ejemplo, el establecimiento de un “fondo de adaptación” para los países en desarrollo, otro de apoyo contra la deforestación.

Las discusiones prometen ser difíciles y, por ejemplo, Estados Unidos no sabe aún si logrará plasmar los acuerdos que alcance en su legislación.

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